Entre juristas de la República Dominicana no hay un consenso en torno al planteamiento del juez español Baltasar Garzón, de que se despenalice el consumo de drogas, estableciendo límites de la venta a los menores de edad, militares, a personas con especial responsabilidad y grupos vulnerables.
El vicepresidente de la Finjus, Servio Tulio Castaños Guzmán, y el presidente de la Fundación Justicia y Transparencia, Trajano Potentini no están de acuerdo, mientras el presidente del Colegio de Abogados, Miguel Surún, y el abogado penalista, Cándido Simón, lo favorecen.
Castaños Guzmán considera que no sería conveniente, porque lo importante es que el Estado fortalezca las instituciones que deben darle respuesta al problema y un buen diseño de políticas públicas, con una visión global de la problemática.
Potentini entiende que no sería saludable la despenalización del consumo, porque sostiene está vinculado con la delincuencia y la criminalidad, e implicaría un costo social y en salud inconmensurable.
De su lado, Surún cree que el consumo de drogas no debe ser penalizado porque el adicto es una víctima.
Juristas de acuerdo con despenalización
El presidente del Colegio de Abogados entiende que el consumo no debe ser penalizado, por tratarse de situaciones donde la víctima es la persona que está sumido en ese círculo vicioso, que considera debe ser sometido a un tratamiento siquiátrico, sicológico y de adecuación social.
“El consumo no debe ser penalizado, sino únicamente el tráfico de sustancias controladas”, planteó. Sostuvo que la ley penal consagra el castigo por una actuación intencional que genera un daño social.
Expuso que en el caso de los adictos a las drogas no son dueños de sí mismos, y su consentimiento está anulado por esa necesidad irresistible de consumir sustancias controladas, por lo que en ese caso la responsabilidad penal no opera por ausencia de la intención.
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